Las anomalías en el manejo de recursos federales destinados a la educación pública continúan acumulándose en distintas entidades del país. Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que desde 2018 se han detectado presuntos daños al erario cercanos a los mil millones de pesos, derivados de irregularidades en el pago de nómina y operación de escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las observaciones se concentran en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mecanismo mediante el cual el Gobierno Federal transfiere recursos a los estados para cubrir salarios y gastos relacionados con el sistema educativo.
Entre las principales irregularidades detectadas figuran pagos a docentes que no se encontraban en las aulas, trabajadores que no pudieron ser localizados en sus centros laborales e incluso depósitos realizados a personas que ya habían fallecido.
Las revisiones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 evidenciaron que 21 entidades federativas utilizaron más de 156 millones de pesos para cubrir salarios de empleados fallecidos. En total, se identificaron 27 mil 854 pagos indebidos que beneficiaron a 4 mil 160 personas registradas como difuntas.
Tan solo durante 2020, el monto destinado a estos pagos irregulares superó los 107 millones de pesos. Entre las entidades con observaciones pendientes destacaron Oaxaca y Michoacán, que no lograron acreditar plenamente el destino de más de 7 millones de pesos relacionados con este concepto.
El caso más grave se registró en Oaxaca durante 2022. De acuerdo con la ASF, el daño patrimonial nacional observado en el FONE ascendió a 180.8 millones de pesos, de los cuales 157.5 millones correspondieron a esa entidad, equivalente a casi el 87 por ciento del total nacional.
La auditoría identificó pagos improcedentes mediante nóminas federales, trabajadores que no pudieron ser ubicados en los planteles educativos y transferencias realizadas a personal fallecido. Aunque el gobierno estatal reintegró poco más de 530 mil pesos, quedó pendiente por aclarar un monto superior a los 157 millones de pesos.
Las observaciones se concentran principalmente en estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una fuerte presencia histórica, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entidades donde las auditorías han detectado de manera recurrente inconsistencias en el manejo de los recursos educativos.
Los hallazgos de la ASF evidencian que, pese a los mecanismos de fiscalización implementados en los últimos años, persisten prácticas que comprometen el uso adecuado de los fondos destinados a la educación pública y que continúan generando millonarios daños al patrimonio nacional.
