En la comunidad indígena de Ayahualtempa, ubicada en el municipio de José Joaquín de Herrera, estado de Guerrero, un acontecimiento inusual tuvo lugar el pasado miércoles. En medio de la búsqueda desesperada de una familia desaparecida desde el 19 de enero, un grupo de niños y niñas entre 11 y 15 años se unieron a las labores de vigilancia y rescate.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) celebró una ceremonia donde 5 niñas y 15 niños fueron “armados”, algunos con carrizos simulando rifles, para sumarse a las tareas de búsqueda. Según Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl y parte de la CRAC-PF, los jóvenes de mayor edad participarán activamente en la búsqueda de los miembros de la familia desaparecida, mientras que los demás se encargarán de la vigilancia.
Estos jóvenes fueron instruidos en el manejo de armas de fuego, incluyendo rifles calibre 22, escopetas de diferentes calibres y pistolas. Durante la asamblea, que contó con la presencia de alrededor de mil personas de origen nahua, se hizo un llamado directo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que intervengan en la localización de la familia indígena desaparecida.
La familia en cuestión está compuesta por Cecilia Gaspar Hernández (50 años), José Teodoro Domingo Ortiz (52 años) y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años respectivamente, quienes fueron secuestrados mientras pastoreaban su ganado en Zacatepec el 19 de enero.
En un gesto simbólico, en la cancha deportiva del poblado, los jóvenes mostraron movimientos de entrenamiento con sus armas, algunos con rifles y escopetas reales, mientras que otros utilizaban carrizos como simulación.
La decisión de integrar a menores en la CRAC-PF fue tomada durante una asamblea conjunta entre el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, como respuesta a la creciente violencia atribuida al grupo delictivo Los Ardillos, que ha afectado a los municipios cercanos a la región Montaña.
Morales Rojas hizo hincapié en que la comunidad ha sido víctima de la violencia perpetuada por Los Ardillos, y aunque han solicitado apoyo a las autoridades municipal, estatal y federal, aún no han recibido garantías de seguridad. La integración de niños a la Policía Comunitaria ha sido una medida adoptada debido a la falta de seguridad en la zona, la cual ha sido constantemente denunciada.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que se integran menores a la Policía Comunitaria en la región. En años anteriores, se ha recurrido a esta medida debido a la persistente inseguridad, a pesar de las promesas de seguridad hechas por funcionarios gubernamentales en el pasado.
Por lo anterior la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ha anunciado el inicio de una investigación sobre presunta corrupción de menores en la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Según el comunicado emitido ayer por la noche, se investiga el armamento de veinte niños y niñas por parte de un grupo identificado como “Policías Comunitarios”. La FGE reafirma su compromiso con el interés superior de la niñez, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se compromete a garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, en línea con la Declaración de los Derechos del Niño.
En su labor de procuración de justicia, la FGE colaborará estrechamente con las autoridades estatales y federales para prevenir el delito y concienciar a los pobladores sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, se informa que en el municipio en cuestión se mantiene una Base de Operaciones Mixtas, compuesta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y la propia Fiscalía, con el objetivo de brindar seguridad y protección a todos los habitantes de la localidad.
En colaboración con el Gobierno estatal, la Fiscalía se compromete a promover, respetar y garantizar los derechos de los menores, conforme a los instrumentos y tratados nacionales e internacionales. Se recuerda que los niños tienen derecho a una protección especial y a condiciones que les permitan un desarrollo saludable y digno, de acuerdo con los principios establecidos en diversos marcos legales y de derechos humanos.
