A nueve días del cierre de la zona arqueológica de Chichén Itzá por el conflicto relacionado con el reordenamiento de comerciantes ambulantes, representantes de la iniciativa privada urgieron a las autoridades y a los grupos involucrados a alcanzar acuerdos que permitan reactivar las actividades en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Enrique Molina Casares, advirtió que la prolongación del conflicto ya comienza a generar afectaciones económicas para empresas, prestadores de servicios y comercios que dependen de la afluencia de visitantes al sitio arqueológico.
Según indicó, algunos operadores turísticos han empezado a modificar sus recorridos y dirigir a los visitantes hacia otras zonas arqueológicas de Yucatán con el objetivo de evitar cancelaciones y minimizar las afectaciones a los turistas que llegan a la entidad.
Mientras tanto, las negociaciones entre autoridades federales, estatales, representantes de comerciantes y guías turísticos continúan sin lograr un acuerdo definitivo. El principal punto de desacuerdo sigue siendo la reubicación de los vendedores ambulantes al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), propuesta impulsada por las autoridades y rechazada por un sector de los artesanos que busca mantener sus espacios dentro del área arqueológica.
Como parte de las manifestaciones realizadas en los últimos días, cerca de 200 comerciantes participaron en una marcha desde Pisté hasta las inmediaciones de Chichén Itzá para expresar su inconformidad con el proceso de reordenamiento. Los participantes recorrieron varios kilómetros a pie y en motocicletas portando pancartas y utilizando equipos de sonido para difundir sus demandas.
Por otro lado, el director del Patronato Cultur, David Escalante Lombard, informó que 262 artesanos ya aceptaron trasladarse al mercado habilitado en el CATVI, mientras que otros 198 optaron por solicitar apoyos mediante créditos de bienestar.
Asimismo, el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, reiteró que se respetará el padrón oficial de 666 artesanos registrado en 2025 y aseguró que no se permitirá la incorporación de nuevos vendedores fuera de ese censo.
En tanto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta que se logren acuerdos que garanticen el ordenamiento de las actividades comerciales y la protección del patrimonio cultural, situación que mantiene en expectativa a empresarios, trabajadores del sector turístico y visitantes nacionales e internacionales.
