La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó un llamado al gobierno federal para que procese a los funcionarios y gobernantes mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y afirmó que la impunidad es el principal factor que pone en riesgo la soberanía nacional.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal se refirió a los recientes debates sobre una posible intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a grupos criminales, así como a las implicaciones que los problemas de seguridad podrían tener en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Campos Galván dejó en claro su rechazo a cualquier acción militar extranjera dentro del país, al sostener que la defensa de la soberanía mexicana debe ser una prioridad absoluta.
“No puede existir ninguna justificación para una intervención militar unilateral. La integridad territorial de México no está sujeta a negociación”, expresó la gobernadora, quien añadió que una defensa auténtica de la soberanía también implica reconocer y atender los problemas internos que han permitido el fortalecimiento del crimen organizado.
La panista señaló que la situación actual es consecuencia de la protección política que, según afirmó, han recibido servidores públicos investigados o señalados por autoridades estadounidenses. Sostuvo que mientras algunos funcionarios son resguardados por el oficialismo, las instituciones persiguen a quienes combaten la delincuencia.
Asimismo, criticó que desde el gobierno se invoque la defensa de la patria sin atender las acusaciones que pesan sobre determinados actores políticos. En ese sentido, afirmó que la verdadera protección de México pasa por fortalecer el Estado de derecho, garantizar la aplicación de la ley y romper cualquier vínculo entre la política y las organizaciones criminales.
Durante su posicionamiento, Campos Galván pidió específicamente que el gobierno federal entregue a la justicia a quienes enfrentan señalamientos y deje de proteger a funcionarios cuestionados. Entre ellos mencionó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien consideró un caso emblemático dentro de la polémica.
La mandataria chihuahuense también rechazó que se responsabilice a factores externos por la crisis de seguridad que enfrenta el país. A su juicio, el mayor riesgo para la soberanía nacional no proviene de gobiernos extranjeros, sino de la expansión de la impunidad y del poder que el crimen organizado ha logrado acumular en distintas regiones.
“Lo que realmente debilita a México es permitir que el narcotráfico influya en la vida pública y mantener sin consecuencias a quienes son señalados por sus presuntos nexos con estas organizaciones”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que la única forma de recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer la posición de México frente a la comunidad internacional es actuar con firmeza contra cualquier funcionario involucrado en actividades ilícitas, sin importar su cargo o filiación política.
